Viernes 18 de Mayo de 2012 – 10:00:22

Por primera vez en cuatro años, la coparticipación de impuestos a las provincias cayó. Fue en la primera quincena de mayo, en un nuevo signo de desaceleración de la economía.

Las provincias recibieron $ 450 millones menos que hace un año atrás, lo que complica todavía más sus arcas y el pago del medio aguinaldo de junio a los trabajadores de las dependencias públicas.

Según datos relevados por la consultora Economía & Regiones (E&R), la coparticipación de impuestos a las provincias cayó en la primera mitad de mayo un 8% interanual, algo que no sucedía desde 2008, en el fragor del conflicto entre el Gobierno y el ruralismo por las retenciones móviles.

Mayo suele ser el mes de mayores transferencias a provincias del año, porque la liquidación del Impuesto a las Ganancias. “La mayoría de las jurisdicciones destina estos ‘recursos excedentes’ a financiar el pago del medio aguinaldo durante junio”, explicó E&R.

El descenso de los ingresos provinciales llega en momentos en que los gobernadores hacen malabares para pagar los sueldos y hasta desdoblan el pago. Eso ocurrió en abril en Entre Ríos y este mes en Santa Cruz, donde el gobierno de Daniel Peralta fraccionó en tres el depósito de salarios. Peralta pagó hace diez días los sueldos de hasta $ 9.000 brutos, esta semana abonó los de hasta $ 12.000 mensuales y prometió saldar los más altos –del Poder Judicial– en los próximos días, en medio de cacerolazos, paros de estatales y manifestaciones sociales.

Mientras tanto, Daniel Scioli hace malabares para conseguir la reforma impositiva que ayude a paliar el déficit, que las proyecciones privadas estiman en $ 8.500 millones. Buenos Aires y otras provincias se endeudan con emisión de Letras para conseguir dinero de corto plazo.

Las transferencias automáticas cayeron en la primera quincena un 4,2% para la provincia de Buenos Aires, un 5,7% para Santa Cruz y un 7,2% para Córdoba, otra administración con problemas de caja. La baja es generalizada y sólo sobrevive la Ciudad de Buenos Aires.

La caída del 8% en las transferencias automáticas de impuestos representa para las arcas fiscales $ 450 millones menos que hace un año. Si se suman las transferencias del Fondo Federal Solidario (FFS), constituido con parte de las retenciones a la exportación de soja, la baja disminuye hasta los $ 383 millones, o el 6,5% interanual. Los recursos del FFS sólo se pueden emplear en obras de infraestructura y no para cubrir gastos corrientes, como el pago de salarios.

Los recursos coparticipables o transferencias automáticas a las provincias se desaceleran desde principios de año y ponen en aprietos a los estados subnacionales. En abril, los desembolsos crecieron 17%, cuatro puntos menos que en marzo. Durante 2011, los impuestos coparticipados crecieron un 33% interanual.

Según E&R, la recaudación revertirá su tendencia negativa en la segunda mitad de mayo, pero las transferencias crecerían 16%, por lo que continuaría la desaceleración.

Los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) coinciden. Según sus proyecciones, la coparticipación a provincias crecerá en 2012 un 25%. “Será el primer año en el que la recaudación coparticipable termine en línea con lo presupuestado. El Presupuesto prevé un crecimiento del 23%”, afirmó el presidente del Iaraf Nadín Argañaraz. “Claramente, lo que llama la atención es que cada mes, hasta abril, baja la variación interanual”, prosiguió.

Según los datos del Iaraf, las transferencias no automáticas o discrecionales del Estado a las provincias también crecen menos. Hasta marzo, los recursos corrientes crecieron 15,3% interanual, mientras que los de capital, 34%.

Luego de arduas negociaciones, no sólo entre los bloques de la Cámara de Diputados sino también con voceros del gobierno de Cristina Kirchner, se frustró ayer la sesión que estaba prevista para aprobar la reforma tributaria que impulsa el gobernador Daniel Scioli.

Hasta bien entrada la tarde, los diputados del bloque del Frente para la Victoria negociaron con la administración provincial una propuesta del bloque que responde a Hermes Binner y que habría destrabado la discusión, al sumar a los votos oficialistas las 10 voluntades que responden al legislador Marcelo Díaz, del Frente Amplio Progresista (FAP). El oficialismo no tiene quórum propio porque cuenta con 43 diputados más 3 del bloque de Nuevo Encuentro, y para sesionar necesita 47.

El diputado Díaz propuso que el revalúo de los campos se distribuyera en un plazo de 5 años, como hicieron las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Al bloque oficialista que conduce Juan de Jesús esa propuesta le pareció la clave para destrabar el debate, pero se habría complicado porque el revalúo también afecta a la Nación, ya que la valuación provincial es la base del cálculo de Bienes Personales.

Otra posibilidad que volvió a sobrevolar a los bloques de diputados bonaerenses fue la de desdoblar la iniciativa para aprobar la autorización de endeudamiento para la provincia y los municipios, dejando de lado la reforma impositiva. Pero el presidente de la Cámara, Horacio González, afirmó: “No se va a desdoblar este proyecto”.
Más temprano Scioli defendió la incitativa, al aseverar que “si bien ninguna ley en sí misma resuelve un problema estructural”, el proyecto constituye un “paso para una mayor optimización de los recursos genuinos” de la provincia.

Durante todo este febril proceso, productores agropecuarios llevaron a cabo concentraciones en la ciudad de La Plata y a los costados de rutas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

El presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Jano, subrayó, por su parte, que la bancada mantendrá la misma postura del miércoles de no habilitar el quórum para el tratamiento del paquete fiscal que reclama el oficialismo. “El que baje a dar quórum que se busque otro bloque”, advirtió.

El diputado nacional Francisco de Narváez consideró que “esto es un ajuste brutal para el bolsillo de la gente. Yo escuché a la señora Presidenta que esto iba a ser la ‘sintonía fina’ y no veo nada de fino; esto es brutal”, acusó, y explicó que desde el bloque Unión Celeste y Blanco “nos parece inapropiado el ajuste a las valuaciones rurales, no porque no corresponda, sino por la dimensión de ese ajuste”.

De Narváez también subrayó que “el aumento de Ingresos Brutos en el rubro de los alimentos les pega a las familias de menos recursos, les pega a los presupuestos más apretados y creemos que no es el camino. Esto es ir otra vez sobre el contribuyente, sobre el ciudadano de la provincia”, puntualizó.

En la otra vereda, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, defendió el impuestazo y dijo que “es un pequeño avance para la redistribución de la riqueza en el país”.

NURIA REBÓN Buenos Aires

A tres semanas del conflicto bilateral desatado por la expropiación de YPF a Repsol y luego de que se fijara una reducción de 20% a la importación de jamón ibérico, los vinos de la provincia de La Rioja despertaron otra polémica con España.

El lunes pasado, la Justicia argentina ratificó una fallo de primera instancia a favor de los productores locales, que les permite seguir utilizando “La Rioja Argentina” como denominación de origen. Así, dio la razón al Instituto Nacional de Vitivinicultura argentino (INV) y desestimó la apelación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DOC) Rioja de España en contra del mismo fallo en primera instancia, de febrero pasado.

Los productores españoles de la DOC Rioja reclamaban que los argentinos no pudieran usar esa denominación, ya que llevaba a confusiones, por ser homónima a la ibérica. No contentos con el fallo, los españoles piden ahora a la Comisión Europea que intervenga para evitar situaciones de “competencia desleal”. El presidente del gobierno riojano español, Pedro Sanz, dijo que encargó al consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, que estudie la situación y también se contactó con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Para Sanz, el fallo de la justicia argentina “ataca, en su conjunto, a la competitividad con Europa, desde el punto de vista de los modelos de calidad de denominaciones de origen europeos, que protege y ampara la Unión Europea”.

El fallo justificaba que el Consejo español de Rioja no demostraba ni acreditaba la eventual confusión o inducción al error de los consumidores, sino que al añadir “Argentina” no deja lugar a dudas que “La Rioja Argentina” es un producto de la República Argentina.

Más allá de que los vinos riojanos no deberían tener inconvenientes para ingresar a la Unión Europea, el permanente reclamo de los españoles logra, en parte, obstaculizar algunos envíos de vinos de la provincia argentina. “Hace un mes, nos demoraron el ingreso de un contenedor a Inglaterra por este tema, pero lo pudimos solucionar rápido, gracias al fallo. Hacía nueve años que no teníamos problemas; en aquella ocasión, también por reclamos del Consejo Regulador de Rioja, tuvimos inconvenientes al ingresar siete contenedores a Suecia”, comentó Roberto Mantovani, gerente de Exportación de Cooperativa La Riojana, que aporta la mitad de la elaboración de la provincia argentina, con más de 500 productores asociados.

Pero, al igual que los españoles, tampoco los productores argentinos quieren que sus vinos sean confundidos. “Nos afecta si nos confunden, porque ellos venden vinos muy diferentes. Los nuestros son más frutales, jóvenes, característicos del Nuevo Mundo. En cambio, los de España tienen mucha madera, que tapa el sabor de la uva, y están en declinación. Además, con la crisis, están haciendo vinos más baratos, algo que también nos afectaría si nos confunden”, destacó Mantovani, al frente de la bodega de 72 años.

Mientras los vinos riojanos europeos son, en su mayoría, tintos, los locales son mayormente blancos, del varietal torrontés riojano, una cepa típica argentina, que no existe en España y que comienza a ganar difusión en el mundo. “Nuestra provincia es La Rioja; nuestra principal marca, Viñas Riojanas; tenemos derecho a usar el nombre. Además, especifica ‘La Rioja Argentina’, el mundo conoce nuestro país, queda claro que no es España”, destacó Mantovani, al tiempo que aclaró que no venden sus vinos al país gobernado por Mariano Rajoy. “No es un mercado interesante, están en crisis, con alto desempleo y venden vinos baratos”, dijo.
El dato no es menor, ya que si bien su primer mercado es Estados Unidos, Cooperativa La Riojana vende el 11% de sus productos a Europa, sobre todo los orgánicos, con alta demanda en Inglaterra y países nórdicos.

La Mesa de Enlace agropecuaria se volvió a mostrar unida en rechazo a un proyecto de ley bonaerense de reforma tributaria que tiene como objetivo cobrar más impuesto inmobiliario a la tierra y de manera más progresiva. Pero si de algo peca la iniciativa no es de confiscatoria, como protestan la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro, sino por haberse quedado corta.

De 2003 hasta ahora el valor en dólares de la tierra en la Provincia de Buenos Aires aumentó entre 3 y 5 veces. Según datos de la Compañía Argentina de Tierras, en la zona Sud (Necochea, Tres Arroyos) el valor promedio de la hectárea pasó de 1.500 a 7.500 dólares; en la zona Centro-Oeste (Balcarce, Tandil) subió de 3.500 a 11.000 dólares; y en la zona Núcleo (Pergamino, Rojas, Salto) saltó de 4.000 a 17.000 dólares.

La recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), en cambio, tuvo un incremento mucho menor: fue de 770 millones de pesos en 2003 y de 2.162 millones el año pasado, lo que traducido a dólares es nada más que una duplicación.

Si además se considera que la recaudación total de la provincia en ese período subió de 5.508 a 34.813 millones de pesos, se tiene como resultado que el IIR ha perdido gravitación como fuente de financiamiento: en 2003 representaba el 3,4 por ciento del total, y el año pasado nada más que el 2 por ciento.

Esto significa que la estructura tributaria de la provincia se ha vuelto más regresiva, por la sencilla razón de que el IIR es el único impuesto provincial que, en teoría, grava con criterios de progresividad ese patrimonio.
La causa básica de que eso ocurriera fue la desactualización de las valuaciones fiscales sobre las que se aplica la alícuota del IIR. No sólo quedaron muy retrasadas respecto a la evolución de los precios de mercado, sino que los ajustes que se fueron realizando no siguieron los convenientes criterios de progresividad. Por ejemplo, un campo de 5.000 hectáreas en Tres Arroyos paga por hectárea casi lo mismo que uno de 125 hectáreas en la misma localidad.

Dado que también quedaron retrasadas las valuaciones fiscales urbanas, la recaudación total del Impuesto Inmobiliario perdió participación en el total de ingresos provinciales: en 2003 aportaba el 14 por ciento de los recursos, y el año pasado sólo 6,2 por ciento.

La distorsión queda muy en evidencia al comparar Inmobiliario con Patentes Automotor. Mientras que en 2003 se pagaba por inmuebles más del doble que por autos, en 2011 se pagó lo mismo.

Otro ejemplo de la absurda desproporción de las valuaciones fiscales, es que con la venta de un Citroen C3 se podrían adquirir 30 hectáreas en Pergamino que permitirían generar una renta anual de medio millón de pesos, según cálculos de técnicos de la gobernación.

Con ostensible demora, el gobierno de Daniel Scioli finalmente impulsó, apurado por los ahogos presupuestarios más que por un ánimo de equidad tributaria, un proyecto de ley para mejorar la recaudación del IIR, tanto en términos cuantitativos como en la distribución de las cargas. Para ello, en lugar de los ajustes por coeficientes generales, realizaron una completa revaluación de los campos, que con la alícuota a aplicar les permitirá aumentar la recaudación en alrededor del 40 por ciento. Con la particularidad de que más de la mitad de las partidas pagarán igual o menos. Es decir que los aumentos afectarán a las propiedades más grandes y mejor ubicadas.

Los que diseñaron la reforma ilustran con el siguiente ejemplo: En Carlos Tejedor, una partida promedio pagará anualmente de IIR 3732 pesos (30 pesos por hectárea), cuando en la actualidad paga 3.976 pesos (32 por hectárea. Dentro de ese mismo municipio un campo muy grande de 8.273 hectáreas pagará 430.679 pesos (52 por hectárea), cuando en la actualidad paga 285.971 (35 por hectárea).

A nadie puede sorprender que el proyecto haya levantado a la dirigencia agropecuaria. Es lógica y costumbre que los ruralistas salgan a protestar por una medida que afecta sus bolsillos. Pero esta vez lo llamativo fue el argumento que más esgrimieron para oponerse: se quejan de que el aumento de la valuación fiscal va a provocar que muchos productores tengan que pagar más (o por primera vez) Bienes Personales y/o Ganancia Mínima Presunta al fisco nacional. Hugo Biolcatti despotricó que se trata de una “coparticipación al revés”. Más florido, Eduardo Buzzi dijo “tenemos un Virrey Scioli que recauda para la reina Cristina”, y agregó que el gobernador “hace el trabajo sucio aumentando el valor de las tierras y nos hace pagar Bienes Personales”.

Como argumento es descabellado. En primer lugar, suponen que un gobernador no debería colaborar para que el Estado Nacional mejore su propia recaudación. Además, resulta autoincriminatorio de lo poco que los productores pagan de Bienes Personales, dado que aún después de la reforma las valuaciones no superarían la mitad del correspondiente valor de mercado; es decir que muchos de ellos se vienen salvando de pagar ese tributo gracias a la ridícula valuación de sus campos.

Es uno de los tantos elementos que explican por qué Bienes Personales pasó de representar un ínfimo 2,2 por ciento de la recaudación nacional en 2003 a un más insignificante 1,1 por ciento el año pasado.